"La ciudadanía se puede ejercer de forma plena sólo cuando el sistema normativo está guiado por criterios universales, cuando impera el Estado de Derecho, cuando los poderes públicos están dispuestos a proteger los derechos y son capaces de hacerlo y cuando todas las personas gozan de ciertos prerrequisitos sociales y económicos. Sólo un Estado efectivo puede generar las condicionen que aseguren la realización universal de la ciudadanía. (0'Donnell,1992)
La cita elegida para encabezar esta exposición implica una toma de posición respecto del debate en torno a la ciudadanía. Podrá argumentarse que la elegida es una mirada excesivamente normativa que pone el acento en los derechos -en su vigencia y garantía-, sin embargo y aún a riesgo de sesgar el análisis, me inclino a adoptarla en la convicción que sin ese piso mínimo no hay ciudadanía posible.
Los requisitos que plantea O'Donnell para el desarrollo de la ciudadanía no siempre estuvieron presentes en la historia argentina, por lo menos no todos juntos, y eso le ha dado un carácter inacabado que muy probablemente sea intrínseco al concepto mismo.
Mi propósito en el presente trabajo es realizar un recorrido muy general por nuestra historia con el afán de reconocer los "momentos" en que los distintos grupos de derechos que hacen al concepto de ciudadanía hicieron irrupción -o disrupción- en el mismo. Para ello voy a utilizar como soporte metodológico el modelo de Thomas Marshall1 -en el que analiza la construcción histórica de la ciudadanía en Inglaterra-. A pesar de las advertencias del autor -en el sentido que el propio concepto de ciudadanía remite a una sociedad en particular -y por tanto su desarrollo histórico es irrepetible-, creo que el esquema que propone no deja de ser útil para su aplicación en otras latitudes, en especial si uno descarta finalidades teleológicas y simplemente lo utiliza como marco para la reflexión.
En su trabajo, Thomas Marshall retoma las reflexiones del
"otro" Marshall -Alfred, a quien se conmemora en la Conferencia que brinda en Cambridge en 1949- respecto que la verdadera pregunta que hay que hacerse no es si los hombres al final llegarán a ser ¡guales: "con toda seguridad no lo serán" afirma-, sino si el progreso en su constante avance hará que, al menos por su ocupación, todo hombre llegue a ser un caballero. Y plantea que la hipótesis sociológica subyacente en el ensayo de Alfred Mars-hal I es que existe un tipo de igualdad básica, asociada al concepto de pertenencia plena a una comunidad, que no es inconsistente con las desigualdades derivadas de los distintos niveles económicos en la sociedad. En otras palabras, que la desigualdad del sistema de clases puede ser aceptable siempre y cuando se reconozca el "piso mínimo" de igualdad que supone la ¡dea de ciudadanía.
A partir de esta preocupación Thomas Marshall analiza el desarrollo en Inglaterra de tres grandes grupos de derechos, cuya consolidación llevó a cada uno de ellos, por lo menos un siglo: los derechos civiles (siglo XVIII), los derechos políticos (siglo XIX) y los derechos sociales (siglo XX). En el caso inglés, este desarrollo tuvo un carácter no sólo progresivo sino acumulativo, en el sentido que cada nuevo grupo de derechos se asentó sobre la base de la cristalización de los anteriores. Esta cristalizaron supuso su institucionalización: los derechos civiles se aseguraron con la tarea de los tribunales, los políticos a través de los sistemas electorales y la labor parlamentaria, y los sociales en las distintas formas de la seguridad social.
Cuando -a partir de este esquema- tratamos de indagar en el desarrollo de las distintas dimensiones normativas que hacen a la ciudadanía y a su proceso de institucionalización en el caso argentino, verificamos que el mismo no tuvo una secuencia progresiva y/o acumulativa sino un desarrollo espasmódico, de avance "a los saltos", tomando la figura que utiliza Juan Carlos Portantiero2. El resultado es una ciudadanía sin rasgos acumulativos, donde el ingreso de nuevos grupos de derechos en ocasiones se hizo sobre la base del desplazamiento y/o avasallamiento de otros ya existentes.
En la misma línea de reflexión, Gino Cermani sostiene que del brazo de movimientos "nacional-populares" se implantaron derechos sociales sin que los derechos políticos y civiles estuvieran suficientemente garantizados. Esta suerte de "desviación" de la secuencia de Marshall que hace reposar la ciudadanía sobre los derechos sociales (y no sobre los civiles), lleva a que los primeros pueden entrar en contradicción con los civiles y políticos, generando un desequilibrio que favorece a las intervenciones autoritarias del Estado en desmedro del crecimiento de la participación de la ciudadanía'.
Tanto la advertencia de Portantiero como la de Germani apuntarían a ubicar el problema del desarrollo de las dimensiones normativas de la ciudadanía en la Argentina en una suerte de desencuentro. Desencuentro que podría tener su origen en la particular constitución del Estado y la sociedad civil en nuestro país, en la fuerte presencia de aquél sobre ésta, en especial en las múltiples intervenciones estatales orientadas a modelarla.
En definitiva, lo que aparece por lo menos discutible es el nivel de autonomía de la sociedad civil. A diferencia de lo ocurrido en la Europa continental, donde el Estado-Nación fue el resultado de las transformaciones de la sociedad civil y de la economía, aquí de alguna manera el Estado creó la nueva sociedad y la nueva economía y fue "modelando" la primera para adaptarla a los requerimientos de la segunda.
Los derechos civi les y políticos en la Argentina
Para Alberdi, autor de las Bases y principal inspirador de nuestra Constitución Nacional, la realidad latinoamericana hacía aconsejable la conveniencia de contar con monarquías que pudiesen pasar por repúblicas, que garantizaran la centralización y la autoridad. Para ello, prescribía una estricta limitación de los derechos políticos y una amplia difusión de los derechos civiles, componiendo un marco atractivo para potenciales capitalistas e inmigrantes. La idea de Alberdi consistía en la superación de distintas etapas para lograr el tránsito desde la condición de "República Posible" hacia la de "República Verdadera", dotada de derechos civiles y políticos extendidos.
Bajo esa fuente inspiradora, los derechos civi les se reconocieron tempranamente en el texto constitucional del '53: la vida, la libertad, la seguridad, la propiedad, aparecían como valores a ser resguardados por el nuevo orden político, al tiempo que la forma republicana consagraba la soberanía popular mediante mecanismos de elección y representación. Entre la letra del pacto fundador y las prácticas del régimen oligárquico se abriría un abismo que convertiría en ficción el ejercicio de los derechos políticos, aún para los pocos que gozaban de ellos. En la práctica, la construcción de un país económicamente moderno se hizo en el marco de un esquema político tradicional y restrictivo, con escasas mediaciones entre Estado y sociedad civil.
Sin embargo, lo político no se agota en el sufragio y, como bien señala Hilda Sábato, previo a la conquista del voto universal, en algunas realidades rioplatenses si bien las prácticas informales de "hacer política" no contribuyeron a la formación de una ciudadanía plena, posibilitaron la conformación de una esfera pública que
funcionó como un espacio de mediación entre ciertos sectores de la sociedad civil y el poder político y, a través de ella, una parte considerable de la población de la ciudad se involucró en actividades públicas que tuvieron efectos políticos. Al igual que en otras latitudes, el asociacionismo y la prensa, fueron instrumentos fundamentales para ello. En las postrimerías del siglo XIX, en las grandes ciudades litorales y del interior del país se vivía una verdadera "revolución editorial". Diarios, revistas, folletos, dan cuenta de un público ávido por informarse, entretenerse o instruirse. Sobre todo en el litoral, algunas de estas publicaciones se editaban en el idioma de origen de las colectividades inmigrantes, generando preocupación en los sectores de la élite, que no dejaban de ver en estos hechos un impedimento a la constitución del nuevo "ser nacional". Asimismo, las marchas y protestas callejeras, en teatros y plazas, fueron conformando una cultura de la movilización, que asentaría firmementeen la cultura política local.
En las grandes ciudades del litoral, estas formas alternativas de "hacer" política se correspondían con la activa participación económico-social de los extranjeros pero no se traducían en procesos de adopción masiva de la ciudadanía argentina, cuyos índices seguían siendo ínfimos. Como resultado, fueron perfilándose poco a poco fueron dos identidades escindidas: la del habitante-extranjero, con pleno goce de los derechos civiles- y la del ciudadano -nativo, depositario de los derechos políticos-, que compartirían sin excesivas tensiones el espacio público mientras la prosperidad económica derramara democráticamente sus beneficios sobre el conjunto de la sociedad.
A través de distintas fisuras, la política se fue abriendo paso y progresivamente algunos "puentes" se fueron tendiendo entre sociedad civil y poder político, achicando la brecha entre aquellas identidades escindidas. Como dijimos, la existencia de un gran mercado editorial mantenía informados a miles de extranjeros sin derecho a voto pero activos a la hora de dar cuerpo auna "opinión pública" que se expresaba en mítines, plazas y movilizaciones. Por dar sólo un ejemplo, en 1884, el trámite de la ley de educación elemental -más tarde conocida como ley 1420- generó un gran debate que excedió el ámbito parlamentario. El mitin liberal que movilizó una multitud de veinte mil personas en apoyo de la escuela laica, contó con la masiva presencia de la colectividad italiana, al punto que el día de la manifestación La Patria Italiana se ufanó de los consejos que habían llegado a oídos de Roca para acuartelar las tropas ante la segura magnitud que tendría la participación de los "gringos demagogos".
Estas prácticas no fueron exclusivas de las grandes ciudades. En la llamada "pampa gringa", la política parece haber recorrido un camino que va de lo local a lo nacional. Lo "comunal" parece haber comprometido más fuertemente, quizás porque en ese nivel no aparecía como obstáculo a la participación la cuestión de la extranjeridad. Allí el extranjero tenía garantizada su participación y, en definitiva, era en ese espacio donde se resolvían sus intereses más inmediatos vinculados a las condiciones de vida (salud, vivienda, educación), de trabajo y producción. Esas prácticas informarles serán un verdadero ensayo de gestión de lo público que irían dando cuerpo a "ese sentimiento directo de pertenencia a la comunidad basado en la lealtad a una civilización percibida como una posesión común" que es constitutivo de la ciudadanía.
Estas formas progresivas de apropiación de la esfera pública, lo que hacían cada vez más notorio era el abismo existente entre dos formas de "hacer política": la de los partidos -facciosa y personalista- y la de las ideas o principios, que arrancaba adhesiones de la masa liberal que era extranjera. Su presencia en las calles, sin estado mayor criollo, ponía una vez más en cuestión el papel del habitante y el del ciudadano en la constitución del país.
El éxito económico encubrió las facetas más negativas del acuerdo oligárquico. No es casual entonces que en su primera gran crisis -en 1890- las tensiones subyacentes pusieran en en cuestión su legitimidad política. Como señala Marta Bonaudo, eclipsada la promesa de progreso indefinido, la política adquirirá centralidad, en especial la cuestión de la transparencia del sistema electoral "a medida que los actores comprendan que él constituye una clave significativa para incidir en las decisiones de poder y para imponer sobre nuevos criterios de legitimidad la relación entre gobernantes y gobernados. Esa toma de conciencia se realiza a través de una práctica que transita dentro y fuera del sistema".
Del '90 surgirá el radicalismo que, al decir de Luis Alberto Romero, convocará a los "descontentos de distinto origen". Oscilando entre el cuestionamiento y la integración al sistema, apelará por un lado, al levantamiento armado -en 1890, en 1893 y 1905- y a la abstención revolucionaria para reclamar a la oligarquía el pleno ejercicio de los derechos políticos al tiempo que se organiza como el primer partido político moderno de base ciudadana con una estructura interna de construcción progresiva de la representación en niveles locales, provinciales y nacionales. Este oscilar de los radicales entre la insurrección y la organización, traduce la tensión de las tradiciones políticas previas y las nuevas que se insinúan. El radicalismo busca así la regeneración del sistema a partir de una práctica antisistémica.
Al coro de los descontentos se sumarán los sectores pero sin coincidir en una estrategia conjunta con los sectores medios de contestación al régimen oligárquico. En 1890, y a través del primer festejo del 19 de mayo en el país, la cuestión obrera adquiere visibilidad. Esta incipiente presencia organizada de los sectores obreros generó respuestas preferentemente represivas por parte del Estado oligárquico, incapaz de pensar los reclamos obreros en otra clave que no fuera la alteración del orden público por elementos disolventes foráneos. Las prácticas de disciplinamiento ejercidas desde el poder convirtieron en letra muerta varios de los derechos y garantías consagrados por la Constitución del '53: las libertades de expresión, reunión, asociación, circulación, fueron reiteradamente vulneradas por las fuerzas represivas y por los postulados de la legislación preventiva en materia social. La "ley
de Residencia" de 1902 que permitía la deportación de los inmigrantes que alteraran el "orden público" -aunque fuera en ocasión de la defensa de sus derechos laborales- o la "ley de Defensa Social" de 1910 que ampliaba esos postulados a los trabajadores nativos, son muestras claras de los límites de los valores liberales de la oligarquía dominante. Como señala Ricardo Falcón en el tratamiento policial de la cuestión social radican parcialmente las causas de la preservación de la nacionalidad por parte de los trabajadores extranjeros, en la medida que la protección consular era un mecanismo no desdeñable frente a un poder estatal abusivo.
La conciencia de que a través de los derechos políticos podía gestarse una refundación de la República está presente no sólo en los partidarios de Alem sino en los sectores más lúcidos de la élite que impulsan la estrategia del autorreformismo. Como bien señala Natalio Botana con la sanción de la ley Sáenz Peña no hay salto al vacío, "eran optimistas, porque estaban convencidos que la derrota no podría sobrevenir ni el fracaso imponerse (...), buscaban la reparación ética mediante una reforma política capaz de aventar fantasmas y liberarlos de la mala conciencia que los hostigaba".
En buena medida, si la oligarquía se aviene a otorgar el sufragio universal es fundamentalmente porque de ese modo logra separar la protesta social de la política, cediendo ante los moderados reclamos del radicalismo y aislando a los sectores más radicalizados del movimiento obrero. De tal suerte que la plena vigencia de los derechos políticos deriva, por un lado, en el fortalecimiento de los derechos civiles pero, por otro, opera como límite al reclamo social.
Sin embargo, el escenario que se configura a partir de la aplicación de la ley Sáenz Peña es el del régimen democrático que, por definición, impone otros imperativos a la legitimidad. Adiferencia del régimen oligárquico, el liberalismo democrático de los gobiernos radicales (1916-1930) deberá conquistar y retener el favor ciudadano en un juego político crecientemente competitivo, en especial en Capital Federal. Esto tiene su expresión en nuevos espacios para la participación, la crítica y el consenso, pero también en la emergencia de formas viciadas a través del clientelismo y el patronazgo estatal.
El escenario democrático insinúa un tibio reconocimiento de algunos derechos sociales y, aún cuando en el período no logran su institucionalización, las nuevas modalidades de intervención estatal contribuyen a darles legitimidad. El arbitraje presidencial, la negociación y conciliación bajo la tutela de funcionarios oficiales son instrumentos que se desarrollan durante esta etapa para el tratamiento de la cuestión social y tienen la impronta de la "armonía social" -de inspiración krausista- que posiciona al Estado como garante de ese equilibrio. Sin embargo, los límites de esa política quedarán crudamente marcados por los sucesos de la "Semana Trágica" y de la "Patagonia Rebelde", en la medida que el radicalismo -aún sin cuestionar los soportes estructurales del poder real- al hacerse permeable al activismo de las clases subordinadas incorpora un elemento de alta peligrosidad que -bajo la lupa de los sectores conservadores desplazados- lo hacía poco confiable para el manejo de lo públ ico.
Halperín Donghi analiza con su habitual agudeza el fondo de lo que está en juego: "dejados de lado por una reforma electoral que -al hacer súbitamente verdad el sufragio universal hasta entonces tergiversado en los hechos- aseguró que la Argentina iba a pasar de largo por esa etapa en la marcha hacia la democracia que es la de la participación limitada. Su perplejidad ante las opciones planteadas por un orden político tan distinto del que se les había enseñado a esperar, los llevaría en 1930, en 1945, en 1955, en 1973 a poner su peso, y el de un séquito que -aunque siempre minoritario- tendía a crecer en momentos de crisis a favor de salidas disruptivas de signo muy variado, que iban a tener sin embargo en común acudir a instrumentos de cambio, distintos del sufragio universal".
De allí que la ampliación de los límites de la ciudadanía lejos de consolidar un marco de convivencia institucional que se tradujera en una nueva cultura política de inspiración democrática terminó en un proceso que cuestionó sus supuestos. El golpe del '30, se produce bajo la impronta del nacionalismo de derecha que encuentra en el Ejército el agente de su proyecto refundacional. Al cuestionar por igual, tanto al liberalismo como a la democracia, pone en entredicho todo un modo de organización societal y con él, el universo simbólico que lo sostenía. Los partidos políticos—en especial el mayoritario Partido Radical- y la fe cívica que él representaba pierde su influjo sobre una sociedad que se transforma acicateada por la crisis mundial. A pesar de su rápida desactivación, la intentona "corporativa" de Uriburu es indicativa de ese cuestionamiento. Adolece del sentido de oportunidad ya que los actores necesarios para hacerla viable no acompañan el intento y prefieren la reposición de fórmulas conocidas y previsibles. La consiguiente restauración conservadora vía fraude "patriótico" ofrecerá las garantías necesarias para realizar los ajustes necesarios en lo económico para derivar en lo político en una larga ausencia de hegemonía donde no hallarán resolución las crisis de representación e identidad. El surgimiento del peronismo cerrará esta etapa. 1 tación de un parque de maquinarias de uso comunitario.
A la conquista de los derechos sociales
Heredero de la Revolución de junio y de las jornadas de octubre del '45, Perón llega al poder en comicios indiscutiblemente limpios disputando -con su flamante Partido Laborista- la elección al conjunto del arco opositor reunido en la Unión Democrática. Cuenta además con los apoyos significativos de los factores de poder: la Iglesia Católica y el Ejército. Sin embargo, y a pesar de esta indiscutible legitimidad de origen otorgada por las urnas, el peronismo adoptará un estilo movimientista que jerarquizará otras fuentes de legitimación en una suerte de diálogo directoentre el líder y el pueblo. En este diseño de poder toda la estructura institucional
opera de telón de fondo para esa relación no mediada y en este contexto, la categoría misma de "ciudadano" es resignificada.
En realidad la construcción de esta nueva hegemonía demanda una operación discursiva que internalice el universo simbólico que el populismo representa. La categoría de "ciudadano" es parte de lo que viene a reemplazar, en la medida que remite a un modelo político -la democracia liberal- que se descalifica. Frente a esa figura devaluada -que no ha sabido hacer realidad la verdadera igualdad, conformándose con la igualdad "formal" que supone el voto-, aparece el "pueblo", los "trabajadores", la "masa", sujeto colectivo de una era de verdadera equidad.
Esta operación simbólica tiene consecuencias políticas en la medida que de la plena identificación doctrinaria con el régimen depende en gran medida el goce de sus beneficios. En el marco de esta arquitectura política, innecesariamente autoritaria, el peronismo avanza en la satisfacción de demandas largamente postergadas para importantes sectores de la población consagrando derechos hacia una integración más plena a la sociedad que se resumen en el concepto de "justicia social".
La política redistributiva del peronismo -en especial en el período '46-'48- fue el instrumento privilegiado de este proceso de integración ya que modificó sustancialmente la situación de los sectores asalariados que, además de las ventajas del pleno empleo y la mejora en sus remuneraciones, gozaron de beneficios adicionales gestionados por las cada vez más poderosas organizaciones sindicales. Esta política se complementó con otra, más inorgánica, dirigida a los sectores no integrados al mercado de trabajo y excluidos por tanto de tales beneficios, impulsada por la Fundación Eva Duarte de Perón que extendió su manto protector hacia los "humildes", categoría de límites más difusos, que sin criterios universalistas, mejoró la situación particular de mujeres, ancianos y niños. En la reforma constitucional del '49 "Derechos del Trabajador, de la Familia, de la Ancianidad, de la Educación y la Cultura" quedaron consagrados en la ley suprema.
En cuanto a los derechos políticos tuvieron un desarrollo contradictorio. Por un lado, extendieron sus límites a través de la sanción del sufragio femenino que concretó la incorporación de la mujer al mercado electoral a partir del año '52. Por otro, sufrieron retrocesos significativos atribuibles a las características del régimen señaladas más arriba: el ejercicio del disenso era prácticamente imposible al igual que el acceso a los medios de comunicación -profusamente utilizados por el oficialismo-, los dirigentes opositores sufrieron persecución y se llegó al extremo de no respetar la inmunidad parlamentaria, encarcelando legisladores de la oposición.
A modo de balance:
En términos de balance el saldo es desigual. Gino Germani, señala el carácter disruptivo de la constitución de la ciudadanía en América Latina, ya que del brazo de movimientos nacional-populares se implantaron derechos sociales sin que los derechos civiles y políticos estuvieran suficientemente garantizados privándola del carácter acumulativo que tuvo en otras latitudes. En la misma perspectiva, Murilho de Carvalho coincide en señalar las mismas discontinuidades para el caso de Brasil: al reposar la ciudadanía sobre los derechos sociales (y no sobre los civiles), los primeros pueden entrar en contradicción con los civiles y políticos, generando un desequilibrio que favorece a las intervenciones autoritarias del Estado en desmedro del crecimiento de las participación de la ciudadanía.
Esta suerte de bifurcación de los derechos al interior del concepto de ciudadanía, es útil para la comprensión del período que se abre en 1955 con el derrocamiento del peronismo a través de un golpe militar. Es un período marcado por ánimos de revancha, donde el antagonismo social y político que cristalizó en la antinomia peronismo-antiperonismo avanzó sobre aspectos parciales de la ciudadanía. Quizás aquí sería pertinente una digresión. A nuestro entender en la Argentina no se desarrolló un Estado de Bienestar propiamente dicho -al estilo de los construidos en Europa en la segunda posguerra- donde la seguridad social abarcaba al conjunto de la población en su calidad de "ciudadanos", aquí las protecciones sociales venían de la mano de la condición de "asalariados" de sus beneficiarios. Esta situación habilitaba la defensa corporativa de tales derechos, hecho que se profundizó en los años de la llamada Resistencia Peronista (1955-1973). Como consecuencia del exilio del líder y la proscripción partidaria, los sectores políticos del peronismo son los más afectados. Frente a la falta de resolución de la cuestión del liderazgo, la identidad peronista se refugió en los sindicatos que se constituyen a partir de allí, en la columna vertebral del movimiento asumiendo la doble representación corporativa y política. Esto le dio a la dirigencia sindical un margen amplio para la negociación con los poderes de turno y operó de freno objetivo al avasallamiento liso y llano de las conquistas sociales obtenidas en tiempos de Perón.
A partir de esa fecha, tanto los gobiernos civiles surgidos del sufragio como los emergentes de golpes militares, no lograron resolver la crisis de legitimidad derivada de la proscripción del peronismo. El sistema quedó atrapado en la lógica del "empate", las fuerzas en conflicto frente a la imposibilidad de articular una fórmula de dominación duradera se limitaron a vetar los intentos del oponente haciendo de la inestabilidad el rasgo saliente del sistema. Rasgo que la vuelta del peronismo en el 73 no logró superar, sino profundizar merced a la espiral de violencia que los extremismos de derecha e izquierda desataron en su interior.
El Proceso de Reorganización Nacional puso un punto de inflexión. Para O'Donnell, el régimen autoritario que se abre a partir del golpe del 76, desarticula el sistema político previo mediante la represión sistemática. Se trata de la ocupación de todo el espacio público por parte de las Fuerzas Armadas en pos de acabar de raíz con el populismo -sintetizado como poder sindical, indisciplina social y desorden político-. Y el lo, a través de un nivel de represión y desarticulación material y organizativa
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nunca antes visto, que derivó en privatización de la vida, reducción drástica del espacio público y mayor individualismo.
Los derechos civiles básicos, que hacen a la existencia misma de la sociedad: la vida, la seguridad, la libertad, fueron puestos en cuestión por aquel que debía garantizarlos: el Estado. Luis A. Romero utiliza la imagen de Estado desdoblado, con dos caras: una externa, de legalidad e institucionalidad, y una interna, clandestina y terrorista, oculta a los ojos internos y externos. No sólo desaparecieron ciudadanos, víctimas del Estado terrorista, también desaparecieron las instituciones de la República. Contra la violencia de izquierda no se argumentó a favor de una alternativa jurídica y consensual, propia de un Estado Republicano y de una sociedad democrática, sino de un orden que era, en realidad, otra versión de la misma ecuación violenta y autoritaria.
A la búsqueda de un nuevo acuerdo ciudadano: la democracia como valor
Cheresky sostiene que la centralidad que adquirirá la ciudadanía en los '80, es tributaria de la mutación en la cultura política que comenzó a gestarse bajo la dictadura militar de los años 70. Y ello es así porque esas circunstancias excepcionales generaron nuevas experiencias y movimientos de la sociedad ajenos a las principales tradiciones hasta entonces existentes. La problemática de los derechos existía de modo limitado y con peso desigual en el justicialismo, el radicalismo y la izquierda, pero no es del interior de esos antecedentes que se generó lo que en los '80 se reconocería como un nuevo espíritu ciudadano. La ronda de las Madres resultaba de la frustración de iniciativas individuales por averiguar sobre el destino de seres próximos que habían "desaparecido" y poco a poco fue constituyendo un reclamo colectivo dirigido aun poder al que se le interpeló como responsable de la suerte de todos.
El movimiento de derechos humanos, sin proponérselo, al establecer el derecho a la vida como patrimonio común sentó las bases para la rehabilitación de la política y de un sistema político y una competencia en el marco de principios básicos compartidos. Y también dejó la estela de un movimiento político ciudadano que le debía poco a las fuerzas políticas y al sistema institucional y que incluso tuvo la capacidad de llevarlos a una reformulación de sus postulados". La ciudadanía reiniciaba el camino de su restablecimiento a partir del reclamo del derecho básico: la vida.
El accionar novedoso de estos agrupamientos llevó a algunos a verlos como los nuevos sujetos de una política menos teñida por lo corporativo. Sin embargo, esta presunción optimista fue rápidamente desmentida por la realidad. En la transición democrática, al protagonismo lógico de los partidos políticos se le sumaron las corporaciones de siempre haciendo uso y abuso de su presión sectorial para la consecución de sus objetivos.
Visto en perspectiva, se hace difícil reconocer el momento en que tanta efervescencia social se fue diluyendo en la apatía y el individualismo. Para muchos, el gobierno de Alfonsfn tuvo en sus manos estuvo la oportunidad histórica de redefinir el marco de relaciones de los actores políticos, desarticulando los reductos del poder autoritario y construyendo un nuevo escenario para el ejercicio de la ciudadanía. Cuando el abandono de ese camino se hizo evidente en la Semana Santa del '87, la imagen de haber cedido frente a los insubordinados, generó un "quiebre" en la ciudadanía, mezcla de desazón y desconfianza hacia la clase política, que se ¡ría profundizando irreversiblemente en los años venideros. Quizás una mirada ingenua sobre las virtudes casi mágicas de la democracia para resolver la variada agenda de problemas postergados esté en la base de ese desencuentro.
La experiencia de la hiperinflación y la entrega anticipada del poder por parte de los radicales, facilitarían el establecimiento de una reedición en clave posmoderna de las ancestrales tendencias al caudillismo y el personalismo de la política criolla. El sentido ejecutivista del gobierno de Menem se vio facilitado por lo que Torre llama el efecto de disciplinamiento negativo que generó en la sociedad argentina la experiencia de la hiperinflación. El mismo autor, citando a S. Keeler señala que "la crisis crea un sentido de urgencia que descansa en el supuesto de que los problemas ya de por sí serios pueden exacerbarse si no se hace nada. Ese sentido de urgencia puede contribuir a que se dejen de lado la cautela y/o preocupación por los procedimientos que observan los funcionarios tanto del ejecutivo como del legislativo (y del poder judicial también) durante tiempos más apacibles y permite la aceptación inusualmente rápida y acrítica de propuestas de reforma que apuntan a resolver la crisis".
Como vimos, ya el peronismo clásico había mostrado tendencias claras a la concentración del poder en el ejecutivo, subestimando el ámbito parlamentario y otras instancias de intermediación. Ello, en un escenario altamente volátil como el planteado por la hiperinflación hizo que la-verdad del menemismo se refugiara en la economía y por tanto es desde ese terreno donde constituyó sus prácticas de gobierno. En la medida que su verdad es la economía, el menemismo coloca allí sus fortalezas pero también susdebilidades.
El resultado fue una ciudadanía de baja intensidad que prácticamente limitó su participación a la emisión periódica del voto. Pero, sin embargo, la herencia más gravosa del menemismo estuvo en el retroceso en los derechos laborales: la flexibilización laboral, la reglamentación del derecho de huelga, la desregulación económica y las privatizaciones fueron instrumentos que, derivaron directamente en formas de precarización del empleo. Como consecuencia de la desindustrialización y el incremento de la desocupación la cuestión obrera fue perdiendo peso relativo al interior de la cuestión social, perdiendo así el papel aglutinante que otrora cumpliera en las luchas populares. Nuevas expresiones y nuevas prácticas emergieron en el espacio público, los cortes de ruta reemplazaron a las huelgas y los piqueteros a los obreros en paro. Estas expresiones
de la cuestión social mostraban un carácter más descentralizado y se han complementado recientemente con otras manifestaciones que tienen por protagonista a la también devaluada clase media. Piquetes, cacerolazos, puebladas, asambleas barriales, son algunas de las apuestas actuales de una ciudadanía que parece reticente a depositar en la clase política la suerte de sus demandas.
A modo de cierre
El proceso de construcción de la ciudadanía argentina parece no distar demasiado de otras experiencias latinoamericanas. No hay una trayectoria lineal sino más bien un crecimiento disruptivo donde la vigencia de nuevos derechos se realiza sobre el desplazamiento y/o avasallamiento de otros. En nuestro caso, el Estado-Nación se constituyó sobre la base de derechos civiles ampliados y políticos restringidos. La posterior sanción del sufragio universal masculino -como reclamo fundamental de los sectores medios en ascenso- fue otorgada por el propio régimen oligárquico en una apuesta ilegitimante que si bien se les frustraría con el triunfo de Yrigoyen en 1928, tendría el mérito de desligar el reclamo político del social -protagonizado por los sectores más contestatarios del movimiento obrero-. La democracia amplió las bases sociales del Estado y si bien durante los gobiernos que se sucedieron entre 1916 y 1930 los derechos sociales no alcanzaron su institucionalización plena, la actitud más permeable a las demandas de los sectores subalternos ensayada por los radicales fue causa de peso para hacerlos poco confiables en el manejo de lo público. El golpe de Estado del '30 tiene su origen en esa presunción y de hecho marcará un deterioro objetivo en los tres grupos de derechos. La calificación de "Década Infame" alude a ese fenómeno: los derechos políticos se verán avasallados por el fraude y la corrupción administrativa y en cuanto a los derechos sociales nada más gráfico que el tango "Cambalache" -compuesto en 1936 por Discépolo- para describir el sentir de los sectores populares urbanos.
El peronismo ampliaría los límites de los derechos políticos incorporando a la mujer al mercado electoral e institucionalizaría, con una magnitud sin precedentes, los derechos sociales. Sin embargo, y a pesar de su indiscutible legitimidad de origen, la arquitectura autoritaria adoptada por el régimen derivó en un retroceso objetivo de los derechos civiles y políticos.
Hasta aquí, la identificación histórica de los distintos "momentos" de emergencia de los derechos civiles, políticos y sociales que integran el concepto de ciudadanía sugerido por Marshall. En adelante, más allá de la suerte corrida por cada uno de ellos -con mayor o menor fortuna según el período-, su conquista como universo deseable fue un hecho irreversible y en el momento más trágico de nuestra historia, durante la última dictadura militar, el reiniciar su reconstrucción a partir del derecho más elemental y a la vez más trascendente nos recordó que el respeto a la vida es siempre el único punto de partida posible. Pasando en botes al otro lado del río Pinto. Pero ¿por qué se destruyó Loreto? Ambos diarios dan cuenta de las penurias de la villa: Por un lado, una copiosa lluvia -del mismo día 21- dio "el golpe de gracia a la población" y por otro, el más grave, a partir del 22 de diciembre el agua siguió aumentando, porque el canal se encontraba obstruido aguas abajo con un gran enlame, originado por el estancamiento de los árboles arrastrados por la corriente, que formaron una 'tranca' en la embocadura del río Pinto. Por la escasez de recursos y hombres el deslame se hacía imposible, según lo denunciaba el Ing. Bruzzone. Por esta causa, el agua permaneció estacionada en la villa y no pudo retroceder -por la diferencia de nivel- hasta tanto se concluyeron los trabajos emprendidos en el canal de derivación, aguas arriba de Loreto. La mayoría de las viviendas, construidas con adobe, no pudieron resistir el embate de las aguas y comenzaron a desplomarse ante la desesperación de sus pobladores. Si bien algunos habían emigrado en busca de lugares seguros, otros, los más pobres, permanecieron hasta último momento cuidando las pocas pertenencias que les quedaban.
Cotejada la documentación existente a la fecha y analizada contextualmente, se puede afirmar, con precisión, que la destrucción total de la Villa Loreto se produjo el 21 de diciembre de 1908 cuando las aguas alcanzaron, en algunas zonas, 2 metros y medio de altura, según lo consignan El Liberal y El Siglo. Los pobladores hicieron todo lo que pudieron por salvar sus vidas y bienes; la población se destruyó por la desidia de los gobernantes que no completaron la construcción de las compuertas que debían regular el paso del agua del río. El enlame hizo el resto, la antigua Villa de Loreto se convirtió en una laguna que permaneció anegada hasta enero del año siguiente.
Los loretanos recibieron el año nuevo del 1909 en medio del horror y la desolación. El Liberal del 30 de diciembre realiza una síntesis admirable de los sucesos:
"Hace mucho que la desgracia la persigue.
Repetidas veces ha sufrido inundaciones.
La de hace dos años la amenazó de muerte.
Los habitantes vivían en perpetua zozobra.
Un furioso ciclón la azotó hace poco.
Aun no se habían reparado los daños del tornado cuando una
nueva inundación la sorprende.
Hace 15 días que el canal le lanza la mayor parte de su caudal de agua.
Las casas que no están en el suelo, lo estarán pronto.
La mayor parte esta a la intemperie sufriendo desnudeces,
hambre y peste.
No tienen quien los cure.
Ni medicamentos.
Ni una mano generosa que los ayude en su desgracia. Aexcepción del gobierno.
Pero lo que éste hace es deficiente.
Apenas puede proporcionarles un poco de carnes y eso en
proporción mezquina.
¿Dónde esta la acción particular? ¿Dónde las sociedades caritativas?
No se las ve.
La colectividad española nos da una lección.
Ha sido la primera en levantar una inscripción pro-víctimas de
la inundación.
Mientras tanto la caridad criolla duerme y duerme. Pero se confiesa y comulga".
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Santiago del Estero, 1º mitad del siglo XX
