Patrimonio cultural: entre la identidad y el valor de lo público.
Adentrarnos en la cuestión del patrimonio exige interiorizarnos sobre cual es el concepto con que vamos a iniciar nuestro trabajo. Asimismo, tratándose de un tema de interés público, es necesario saber de qué manera implica una consideración desde lo político.
Una serie de debates desarrollados en 1980 promovieron el surgimiento del concepto del patrimonio etnológico (Prat, 1987), el cual llamó la atención política ya que, consecuentemente, surgieron organismos y se propulsaron actividades científicas. Lo llamativo también fue advertir que dicho concepto alude a la diversidad cultural, a modos singulares de la organización social y de vida material que caracterizan a distintos grupos sociales y que, en conjunto, constituye un elemento básico en la construcción de su identidad.
Hablar de patrimonio etnológico es hablar de patrimonio
cultural, de aquello que es propio de un pueblo, de los caracteres que lo distinguen de otro; son los recursos con que cuenta y que fueron heredados, los que el uso frecuente y el desarrollo de la vida conducen a modificarlos y luego se transmiten a nuevas generaciones. De ahí que se trate de un concepto que también permite referirnos a la tradición.
Si bien distinguimos un patrimonio que pertenece a una cultura particular, es comprensible que, dentro del sistema general de la humanidad, ese patrimonio adquiera un carácter holístico, puesto que es producto de la creación de la especie humana en su conjunto. En consecuencia, y vinculándolo a un determinado momento histórico, se puede hablar de patrimonio cultural colectivo.
Mesas generales de trabajo
Así lo conciben los acuerdos firmados por distintos Estados, en procura de una normativa que regule el tratamiento del patrimonio, reconociendo que el mismo está conformado por los bienes culturales que pertenecen a la civilización y a la cultura de los pueblos. Entre ellos, se incluyen objetos importantes para las artes y las ciencias, tales como mobiliario, edificaciones, manuscritos, publicaciones, sellos, grabados, etc. En tales textos se reconocen como
patrimonio cultural de un Estado los bienes culturales producidos individual o colectivamente dentro de su propio territorio, los hallados en él, los adquiridos por misiones científicas llevadas a cabo en otros países y los que son producto del intercambio o de la donación.
Argentina adhirió a convenciones firmadas por otros países y, entre la legislación que rige dentro de su territorio, figura la Ley 12.655 (1940) que alude a la custodia y conservación de lugares y monumentos históricos a través de la creación de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Otras leyes que se dictaron con posterioridad se relacionan con la circulación internacional de obras de arte (Ley 24.663/96) y con la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico (Ley 25.743/03).
Particularmente, las convenciones evidencian cual es la responsabilidad que se le adjudica a cada Estado adherente. Ellos tienen el deber y la obligación de proteger los bienes que constituyen el patrimonio cultural, de hacerlo respetar y de legarlo como acervo cultural a las sucesivas generaciones. Para que esto se cumpla, se prevé la aprobación de una legislación acorde a tales objetivos, la creación de organismos idóneos en la preservación del patrimonio, el mantenimiento de un registro de los bienes culturales, de sus transacciones, la creación de museos, bibliotecas y archivos.
De manera que resulta relevante la responsabilidad moral que les cabe a quienes toman las decisiones políticas de Estado y el compromiso que deben asumir con la sociedad y su cultura. Por un lado, son fundamentales las medidas que adopten a favor del hallazgo, la recuperación y preservación de los bienes culturales como una forma de generar el valor de lo público (Moore, 1998), pero también el dictado de medidas que concienticen a los ciudadanos acerca de estimar lo público y de ejercer su cuidado.
Precisamente para poder avanzar en la consecución de tales normas, se requieren políticos y servidores públicos responsables, así como la participación ciudadana para la definición del valor a crear. Teniendo en cuenta que los beneficiarios serán todos ellos, en conjunto, ante la ausencia de dicha valoración, es factible recurrir a distintas estrategias que despierten el interés por asumir comportamientos responsables y contribuir al mantenimiento de lo que tiene valor público, como lo es el patrimonio cultural (creación de una cadena de efectos de valor, dictado de normas, etc.).
Patrimonio y Turismo
El turismo, concebido como el desplazamiento temporal del
individuo fuera del sitio de residencia habitual por motivos de esparcimiento, se convirtió, desde la segunda mitad del siglo XX, en un fenómeno de masas a nivel internacional (Part, 1987:40). En Argentina, como consecuencia de la aguda crisis económica de años recientes, se reconoció fundamentalmente como una provechosa fuente de ingresos y de generación de empleo, por lo cual se ha iniciado una campaña de fomento a dicha actividad terciaria desde el gobierno federal, como también, de manera intensiva, desde los gobiernos provinciales y municipales.
Dicha actividad provoca, fundamentalmente, transformaciones dentro del espacio por el cual se realiza, las que se inician en el espacio económico y se extienden obviamente a otros aspectos de la sociedad. Esto ocurre debido a que esta actividad requiere de condiciones adecuadas para su desarrollo, no solo por parte de quienes llevan a cabo la actividad (facilidades para el desplazamiento, tiempo libre, poder adquisitivo), sino también por parte de quienes se constituyen en receptores de turismo (accesibilidad territorial, condiciones estructurales, capacitación laboral, estrategias de mercado turístico).
Indudablemente que uno de los cambios más notorios es el
nio, dado que la actividad turística puede llegar a ser tan exigente y frenética que, en lugar de la exposición del patrimonio
como una característica identita-ria de una sociedad, se convierte en un producto meramente comercial, con lo que corre el riesgo de cambiar su significado.
El patrimonio, como recurso turístico (Part, 1987), puede integrarse naturalmente a una oferta de este tipo (puede acompañar propuestas de carácter lúdico, recreativas o de consumo) o bien puede ser una oferta alternativa, ya que sus virtudes básicas son la accesibilidad y la gratuidad. Sin embargo, se establece una asociación entre las empresas turísticas y los recursos patrimoniales, en las que el Estado no puede estar ausente (Shulte, 2003), ya que éste debe crear el marco administrativo, legal e institucional, dentro del cual se desarrolla la actividad turística.
Cada gobierno debe, en base a una planificación estratégica, definir cuales serán los objetivos perseguidos, las acciones a ejecutar, el tiempo y otros recursos a invertir, para luego poder medir las consecuencias de las decisiones adoptadas. La capacidad gubernamental para asumir este tipo de compromisos requiere de transparencia (Stiglitz, 1999) en la planificación de la actividad a desarrollar dentro de su territorio, contemplando la creación de planes generales para mejorar la oferta, la coordinación y el financia-miento, asi como en la regulación del turismo. Es visto como una fuente de creación de empleo, de ingresos económicos, de mejoramiento del nivel socioeconómico y cultural de la población local e incentiva el interés por la prevención del patrimonio, pero también puede actuar en detrimento del medio ambiente, de la cultura autóctona, entre otros efectos sociales (aumento de la prostitución, la drogadicción y el alcoholismo).
Finca La Quesera, parte del patrimonio cultural de Salta
Finca La Quesera esta enclavada en una zona de gran valor arqueológico e histórico no solamente a nivel local, sino también regional y nacional. Ella alberga vestigios de antiguas culturas y ha sido escenario de la lucha por la Independencia, a principios del siglo XIX. Una de las tantas batallas efectuadas en territorio salteño se llevó a cabo allí en junio de 1820, enfrentándose las milicias de Güemes con las fuerzas realistas (Cornejo, 1971; Sola, 2005).
Por otra parte, el territorio que incluye además de la Quesera, a La Pradera, Finca La Cruz, El Chamical, Cañada de la Horqueta, fue testigo de la organización de las milicias locales, así como de la vida de Martín Güemes, puesto que Finca La Cruz era de propiedad familiar. Éstas son razones fundamentales para haber creado el circuito turístico guemesiano.
La importancia que presentan este sitio y el circuito al que hacemos referencia ha provocado nuestro interés por trabajar en
él con el fin de llevar a cabo un proyecto tendiente a rescatar, desde distintas dimensiones (arqueológicas, histórica, geográfica), el valor que guarda dicho sitio, así como planificar su conservación y exhibición, en procura de que tanto los habitantes de Salta, como también los turistas, puedan reconstruir el pasado a través de su conocimiento.
El interés por este circuito turístico se ha puesto de relieve también a través del Proyecto TURDEL que propicia la creación de una oferta turística coordinada por cuatro ciudades, dos argentinas y dos bolivianas (Salta, Jujuy, Tarija y Sucre), de acuerdo a las potencialidades de cada una de ellas, sirviendo como proyecto piloto de integración binacional. En el futuro, la oferta turístico general se convertirá en la Ruta de la Libertad.
Uno de sus objetivos, además de la inversión en la restauración de bienes culturales y en la capacitación en oficios relacionados con el turismo y con el patrimonio, es la creación de circuitos locales que garanticen la relación regional, la protección y la valoración turística de los sitios y del "patrimonio arqueológico como también paleontológico". En este marco, consideramos que rescatar y reforzar el valor de
Finca La Quesera se presenta como algo imprescindible.
Desde la cátedra de Espacio y Sociedad, en la Universidad Nacional de Salta, intentamos formar un equipo interdisciplinario para abordar la tarea de exploración y rescate de los distintos bienes culturales que se conservan en este lugar, tomando en cuenta no solo dichos bienes, sino también el contexto local y regional en el que se encuentran y al que han pertenecido históricamente. Partimos de una mirada del espacio como producto social. A través de ella es factible observar las desigualdades internas existentes en el nivel social y las desigualdades externas señaladas tanto por su ubicación como por sus condiciones físicas (ubicación dentro de un espacio más amplio, extensión, fronteras que posibilitan o no la accesibilidad, el intercambio, etc.).
Este enfoque permitirá llevar a cabo el análisis del espacio desde una perspectiva tridimensional que contemple: 1) los recursos geológicos, biológicos y humanos que en conjunto permitieron el desarrollo del lugar; 2) los efectos generados por el desarrollo sobre la organización del territorio, como por ejemplo movilidad de la población, urbanización, distribución de funciones y 3) los efectos de las políticas aplicadas y su adecuación o no a las necesidades del espacio que consideramos.
Entendemos que el espacio o escenario como producto social es el ambiente que puede ser modificado o no por el hombre y que su acción es la que le da derecho de propiedad sobre el mismo, le da arraigo e identidad y, por ende, le permite hacer una valoración de ese lugar.
Así también, tomamos al ambiente como una unidad, compleja y dinámica, como un sistema de elementos e interrelaciones, que algunos autores denominan ecósfera o biosfera pues posee una dimensión territorial concreta que incluye la delgada capa de la superficie del globo, las capas inferiores de la atmósfera y las superiores de la litosfera, elementos que, una combinación físico-química, permiten el desarrollo de la vida. De ahí que contemplemos en nuestro proyecto distintas dimensiones que son las que nos posibilitan el análisis del ambiente en interacción con el hombre (Claval,1979).
Concebimos que la producción del espacio se da a partir del desarrollo de una cultura que es la que le da un orden (Lefebvre, 1986). En este sentido respaldamos la teoría de que en el espacio hay distintos órdenes que obedecen a culturas diferentes y que los objetos y poblaciones, deben ser estudiados tal como son percibidos, pues sólo la experiencia colectiva les da sentido, forma y función (Lynch, 1960).
Su ubicación
Desde el punto de vista geográfico Finca La Quesera está ubicada en una zona de gran biodi-versidad y de singularidad paisajística. Allí, el relieve desciende en forma amesetada hacia el este, con escasos recursos de agua temporaria. Acceder al sitio es factible siguiendo dos caminos. Uno de ellos es el de la cuesta de La Pedrera y el otro el de La Lagunilla. Allí las sierras Subandinas no sobrepasan los 2.000 metros sobre el nivel del mar como lo demuestran el cerro Ceibalito, La Candelaria, La Pedrera y el Áspero, de 1.500 metros; más al sur, el
cerro Redondo de 1959 metros, el Alto de los Rastrojos y sierra Guaguayacu, al este y sur (Nava-muel, 2.000 metros).
Esta zona posee un particular microclima dentro de lo que es el clima subtiopical serrano, con un promedio de 500 mm de precipitaciones anuales. Su vegetación es diversa, caracterizada por la presencia de xerófilas que se mezclan con vegetación del monte serrano : churquis, cebiles, quebrachos, algarrobos, espinillos, tuscas, tala, chañar, mistol, alternando con pastizales en zonas de mayor altura. En la actualidad, la acción del hombre modificó significativamente el ambiente natural a través de la tala de árboles, con lo cual disminuyó la variedad de especie y consecuentemente, parte de su fauna.
Antiguamente, en la zona en que está situada Finca La Quesera existieron asentamientos de pueblos agricultores pertenecientes a la etnia Arawak, los que desarrollaron la cultura Candelaria (200 años A.C. a 1000 años D.C.) a la que pertenecen fragmentos de cerámica encontrados en dicho sitio. De la cultura Candelaria derivó la cultura Lerma, que permaneció hasta el 1500 d.c. caracterizada por las grandes urnas para adultos y por ofrendas funerarias compuestas de útiles e ídolos, similares a los que se encontraron en la cultura Santa María o Poma.
Posteriormente fue habitada por pueblos cazadores y recolectores como los Lules y los Mataco-wichi. Estos pueblos, ante la presencia de los españoles que se instalaron en precarias viviendas en el Valle de Salta, asolaron las poblaciones establecidas con sus correrías, desde finales del siglo XVI hasta avanzado el siglo XVIII.
Precisamente, las características del espacio y las formas de asentamientos prehispánicos influyeron en el modo de ocupación llevado a cabo por los españoles a su llegada. A ello se sumaron las posibilidades brindadas por el mismo espacio peruano (Assadourian, 1980-82) al que pertenecían y su vinculación con el puerto de Buenos Aires con salida al Atlántico. Tales rasgos se tradujeron en una singular manera de proveerse de tierra y mano de obra y de establecer prácticas sociales.
En aquella sociedad precapita-lista, en la que se hacia imperceptible la diferencia entre lo urbano y lo rural, tempranamente, la política premial de la Corona española, permitió que los recursos pasaran a manos de los colonizadores mediante, mercedes de tierras y de indígenas, fenómeno que se dio en esta jurisdicción a lo largo del siglo XVII, excepto en la frontera este, donde el sometimiento de los indígenas se hizo a través de reducciones que estuvieron a cargo de los jesuítas hasta 1767 (Mata, 2000; 91).
A medida que las huestes preparadas en los poblados próximos liberaban las tierras de la presencia indígena, aquellas adquirían mayor estima (Mata 2000, 91) y dado que nos estamos refiriendo a una zona de avanzada frente a los beligerantes indios del
Chaco, la frontera contó con el emplazamiento de fuertes y reducciones de indios, como las de Balbuena y Miraflores (1710).
Allí, las propiedades recayeron en manos de beneméritos (descendientes de los primeros habitantes), pero especialmente, en las de soldados y vecinos que financiaron la lucha contra los nativos. Solo algunas propiedades se consolidaron, mientras que el resto, por motivos diversos, no fueron conservadas por más de dos generaciones, experimentando un proceso de fragmentación. Tanto esa fragmentación de las propiedades como la disminución de la población local, fueron aspectos que caracterizaron los últimos años del siglo XVIII.
A partir de este panorama histórico es que podremos iniciar nuestro rastreo de quienes fueron los propietarios de la Finca y cómo fue transmitiéndose su posesión, así como cuáles fueron las circunstancias que rodearon dicho proceso.
En cuanto a las especiales condiciones del suelo y del clima, durante la época de la Colonia, estas tierras fueron aptas para invernar muías que luego se conducían hacia el Alto Perú, generando un lucrativo comercio (Mata, 1997). Por lo tanto, el destino de esta tierra al pastoreo y a la producción agrícola constituyó una fuente de recursos estimada durante los difíciles tiempos de guerra a principios del siglo XIX. Este aspecto es lo que también despierta nuestro interés por investigar este sitio como parte del patrimonio de la producción rural (Moreno 1991-96) ya que representa la evolución de la producción y de la construcción rural, conservando el casco de la finca, la capilla, el cementerio e incluso zanjas y vallados.
Reflexiones finales
Estas reflexiones se realizan a manera de conclusión de esta presentación, pero también serán útiles para iniciar la elaboración de nuestro proyecto. Estamos seguras de que el trabajo que se inicie constituirá un importante aporte a la sociedad en tanto revalorice el sitio y la historia que guarda el mismo y se lo perciba como parte de su patrimonio cultural.
La valoración abarcará el escenario en que se encuentra ubicada Finca La Quesera. Se hará desde distintas dimensiones y tendrá impacto a diferentes escalas, superando lo local e integrando lo regional como un modo de restablecer su antigua articulación. Por eso es que concebimos que las disparidades regionales deben ser comprendidas y estimadas a través del conocimiento acabado de los recursos, los bienes y los hechos que se desarrollaron en ellas.
El proyecto se encauzará enmarcándose en las normas que rigen la conservación y protección patrimonial. Consideramos que nuestra tarea debe conjugarse con la de nuestros dirigentes, a quienes les cabe la responsabilidad de elaborar y aplicar políticas en beneficio de la sociedad y de su cultura. Estamos frente a un fenómeno reciente en nuestro país, particularmente en nuestra provincia, que requiere actuar con cautela; ese fenómeno económico y social es el turismo. Atractiva fuente de ingresos, puede llegar a trastocar aquellos aspectos culturales que nos caracterizan y que despiertan el interés por conocerla y por visitar nuestro habitat. De modo que, para cumplir con nuestro objetivo social, que incluye estimular el valor de lo público en los ciudada-
nos, será necesario contar no solamente con el compromiso de políticos y servidores públicos, sino también con el apoyo ciudadano.
Documentos consultados
Ley 12.655 (1940) Ley 24.663 (1996) Ley 25.257 (2000) Ley 25.743 (2003) "Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohi-
bir e impedir la importación, la exportación y la transferencia ilícita de bienes culturales". Aprobada en la 16° reunión de la Conferencia General de la UNESCO, en París, 1970.
"Convención sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las Naciones Americanas" (Convención de San Salvador) 1976.
Convención del UNIDROIT sobre objetos culturales. Aprobada en Roma, en 1995. ■
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Santiago del Estero, 1º mitad del siglo XX
